Durante la sesión ordinaria de cabildo celebrada en la comunidad de Guadalupe, la regidora Joni Barajas González del Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión de Comunidades Indígenas y Asuntos Religiosos, presentó una moción formal para modificar y fortalecer un acuerdo previo, exigiendo acciones concretas de protección para los pueblos indígenas —en particular el pueblo rarámuri— que residen en el municipio de Chihuahua en condiciones de vulnerabilidad.
Barajas González señaló que, mientras el Gobierno del Estado y el municipio han avanzado institucionalmente en la atención a comunidades indígenas, las autoridades federales presentan un déficit grave en el cumplimiento de sus obligaciones.
«Las inspecciones federales en los campos agrícolas y zonas con alta presencia de jornaleros indígenas han sido insuficientes y sin resultados verificables», afirmó la regidora, al señalar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal cuenta con un protocolo específico para prevenir y detectar trata de personas, pero que en Chihuahua «ese protocolo es letra muerta».
En el mismo sentido, cuestionó el desempeño del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), creado en 2018 como el gran instrumento de la Cuarta Transformación para este sector: «Los recursos llegaron, la burocracia se instaló, pero las comunidades siguen expuestas».
La moción derivó en cuatro puntos de acuerdo formales:
Al gobierno municipal y estatal, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que fortalezcan los mecanismos de atención integral y protección a familias rarámuri en situación de desplazamiento forzado por la violencia del crimen organizado que actualmente residen en el municipio de Chihuahua.
A la titular del Poder Ejecutivo Federal, para que refuerce acciones de prevención, detección y atención de posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado, servidumbre o trata de personas que afecten al pueblo rarámuri y demás comunidades indígenas.
A la titular de la Fiscalía General de la República, para que investigue denuncias e indicios relacionados con posibles casos de explotación laboral, trabajo forzado o trata de personas que involucren integrantes de comunidades indígenas.
Al INPI y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que implementen acciones efectivas de información, prevención y protección dirigidas a comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad.
En contraste con el panorama federal, la regidora destacó los avances del estado y el municipio. Recordó que en 2022 la gobernadora Maru Campos transformó la antigua Comisión Estatal en la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, dotándola de mayor presupuesto y alcance. Destacó también que durante la administración municipal 2024-2027, encabezada por el Alcalde Marco Bonilla, se creó la Comisión Edilicia especializada en comunidades indígenas, instalada en septiembre de 2024.
«Proteger la dignidad, la libertad y la vida de las comunidades frente a cualquier tipo de abuso no es opcional. Es una obligación inaludible para cualquier gobierno», sostuvo Barajas González ante el pleno del Cabildo.
