
Alrededor de 50 periodistas y representantes de distintos sectores de los medios de comunicación participaron en el diálogo “Libertad de expresión y relación con los poderes públicos”, realizado en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), para analizar la regulación de los derechos de las audiencias y sus posibles efectos en el ejercicio periodístico.
En la reunión estuvo presente la titular de la CEDH, Ada Miriam Aguilera Mercado, y contó con la presencia del diputado Francisco Sánchez, de Movimiento Ciudadano; personal del Poder Legislativo y del organismo público autónomo; académicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua; líderes de opinión y profesionales de la comunicación.
Durante el encuentro se abordaron los lineamientos analizados en el ámbito federal para diferenciar información, opinión, publicidad y contenidos editoriales, así como el riesgo de que su aplicación derive en censura o autocensura en medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales.
Se advirtió que el Gobierno federal pretende controlar la narrativa pública y llevar la regulación al extremo mediante posibles represalias, generando temor a la equivocación y propiciando la autocensura, en perjuicio de la opinión, el editorialismo y la libertad de expresión.
los participantes coincidieron en señalar que la legislación propuesta por la Presidencia de la República se dio a conocer en un momento histórico de agresiones y ataques contra periodistas en México, lo cual, consideró, no representa una casualidad.
Las y los participantes coincidieron en la importancia de definir con claridad los derechos de las audiencias, así como los límites y garantías para quienes ejercen la libertad de expresión, sin que una autoridad gubernamental se convierta en juez y parte al determinar qué contenidos son veraces, adecuados o susceptibles de sanción.
También recordaron que más de 180 periodistas han sido asesinados en México durante los últimos años, además de los casos de profesionales perseguidos o autoexiliados por ejercer su labor.
Periodistas y representantes de instituciones coincidieron en la importancia de definir con claridad cuáles son los derechos de las audiencias, pero también los límites y garantías para quienes ejercen la libertad de expresión. Entre las preocupaciones planteadas estuvo el riesgo de que una autoridad gubernamental termine convirtiéndose en juez y parte al determinar qué contenidos son veraces, adecuados o susceptibles de sanción.
El encuentro también permitió abordar la relación histórica entre los medios de comunicación y los gobiernos, así como los retos que representan las nuevas plataformas digitales frente a los medios tradicionales. Los asistentes destacaron la necesidad de mantener espacios plurales de diálogo y buscar mecanismos que protejan tanto el derecho de las audiencias a recibir información como la libertad de periodistas y comunicadores para informar y emitir opiniones.



