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La diputada Jael Argüelles Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, formuló una serie de preguntas dirigidas al titular de la Secretaría de Salud y a la Fiscalía General del Estado, ante la grave crisis sanitaria, ética y legal derivada del hallazgo de más de 383 cuerpos acumulados en condiciones irregulares en un crematorio de Ciudad Juárez.
“Este caso es profundamente lamentable en términos humanos y sanitarios, pero además refleja la gravedad de operar en una ciudad marcada por la violencia, las desapariciones y la impunidad. No se trata de una falla menor, estamos ante posibles omisiones, simulación de legalidad y contradicciones oficiales que exigen explicaciones inmediatas”, advirtió Argüelles.
En sesión permanente, la legisladora recordó que el pasado 27 de junio, funcionarios estatales aseguraron que el número de cuerpos no superaba los 60. Sin embargo, días después se reconoció oficialmente la existencia de más de 383 cadáveres. “¿Dónde estaban los otros más de 300 cuerpos? ¿Qué autoridad permitió o toleró esa opacidad?”, cuestionó.
Además, Argüelles también subrayó las contradicciones de las autoridades, que inicialmente aseguraron que los cuerpos estaban perfectamente embalsamados y que no había delito alguno que perseguir, mientras que la propia Fiscalía confirmó después que muchos restos no estaban plenamente identificados y permanecían aún con la ropa con la que fueron entregados.
La congresista informó que la Ley General de Salud y su reglamento establecen con toda claridad que los cadáveres deben inhumarse, cremarse o conservarse dentro de las 48 horas siguientes a la muerte, salvo autorización expresa. Si se conservan más tiempo, deben permanecer refrigerados a menos de 0 °C, embalsamados o inmersos en soluciones conservadoras.
“Si el crematorio contaba con autorización vigente, ¿cómo es posible que ninguna verificación detectara que no se contaba con refrigeración adecuada, que existía una saturación insostenible de cuerpos y que su horno carecía de capacidad para responder a la demanda?”, interrogó.
Argüelles Díaz añadió además que desde 2020 existían reportes de condiciones insalubres en ese establecimiento. Inspectores de Coespris constataron condiciones insalubres, imponiendo únicamente una suspensión temporal. “¿Qué tipo de supervisión permitió que este lugar siguiera operando durante años?”, reclamó.
Asimismo, desmintió los intentos de deslindar responsabilidades trasladando la supervisión a la Cofepris federal, pues recalcó que corresponde a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) verificar y supervisar funerarias y crematorios en Chihuahua.
Es por lo anterior la funcionaria planteó 12 preguntas específicas dirigidas a la Secretaría de Salud sobre permisos, verificaciones y supervisión de Coespris, así como 11 preguntas a la Fiscalía General del Estado respecto a las investigaciones penales, posibles delitos, protocolos forenses y mecanismos para garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad.
“Judicializar a un par de personas no basta. Exigimos una auditoría completa a los permisos otorgados por Coespris, una revisión estructural de los protocolos de supervisión y responsabilidades administrativas y penales por omisión. La sociedad tiene derecho a saber la verdad, y las familias merecen respuestas claras, no simulación ni encubrimiento”, sostuvo.
Finalmente, la diputada demandó que las identificaciones de los cuerpos se realicen con respeto y transparencia, protegiendo la dignidad de las víctimas y el derecho de sus familias a conocer la verdad.
