La regidora, Patricia Ulate Bernal presentó en Cabildo una iniciativa para que se otorgue, en hoteles de la ciudad, alojamiento temporal, gratuito y confidencial a mujeres, sus hijas e hijos, víctimas de la violencia familiar en los casos en los que la autoridad competente así lo amerite para salvaguardar su integridad, y en tanto se localizan redes de apoyo o se determina su canalización al Refugio Confidencial de Protección.
La propuesta, denominada Hoteles Violeta, cuenta con el respaldo de la Asociación de Hoteles de Chihuahua, y pretende ampliar las capacidades de atención de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género, de uno de los delitos con mayor incidencia atendidos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
“Contar con estos espacios, de carácter confidencial, resulta fundamental para resguardar la integridad física y emocional de las familias, alejándolas de la persona agresora y proporcionándoles condiciones básicas de alojamiento y alimentos que favorezcan su estabilidad y recuperación inicial.
Asimismo, facilitará el acompañamiento en los procesos de denuncia, protección y restitución de derechos, garantizando una transición efectiva de la atención de emergencia hacia una vida libre de violencia, con el respaldo institucional correspondiente”, dijo Paty Ulate.
Explicó que, de manera recurrente, en los llamados de auxilio a los que acude el personal especializado en atención a la violencia familiar y de género de la Policía Municipal, se identifican casos en los que se resulta urgente el resguardo inmediato de las víctimas para salvaguardar su integridad.
El alojamiento temporal en hoteles, que ha demostrado su efectividad en distintos países, y en estados de México en los que se ha puesto en marcha mecanismos similares, funcionaría bajo estricta confidencialidad, previa capacitación del personal hotelero en materia de género y de los protocolos de atención a víctimas.
La reforma al Reglamento Interior del Municipio y al Estatuto Orgánico del Instituto Municipal de las Mujeres, implica dar facultades a las autoridades involucradas en la materia, para establecer mecanismos de colaboración con el sector privado, para su puesta en marcha.
