La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió el espionaje de periodistas en Perú, ordenado por la autoridad del Ministerio Público con la intención de criminalizar a la prensa, según informes publicados en medios locales.

El presidente de la SIP, Roberto Rock, condenó el espionaje contra periodistas y afirmó que esta práctica «pone en riesgo el trabajo de los medios y compromete sus fuentes de información». Rock, de La Silla Rota, en México, instó a las autoridades a «investigar, identificar y sancionar a los responsables de esta orden que atenta contra la libertad de prensa».

El periodista y editor del diario La República, César Romero y su familia, y el columnista y director del portal web Sudaca, Juan Carlos Tafur, estuvieron bajo investigación, videovigilancia y seguimiento policial entre el 5 de abril y el 23 de noviembre, por orden del fiscal Andy Rodríguez, durante la gestión de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, reveló La República.

Romero relató que se enteró de la vigilancia el 27 de noviembre cuando recibió un documento oficial en su domicilio de otro fiscal, Cristhian Alfaro Cáceres, notificándole que se archivó la investigación «al no haberse encontrado ningún indicio revelador o hecho delictivo».

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, agregó que «se trata de un caso de abuso de poder de la fiscal de la Nación que avaló investigaciones contra periodistas por su línea editorial crítica». Jornet, de La Voz del Interior, Argentina, enfatizó que «el espionaje de periodistas es contrario a la jurisprudencia interamericana y una práctica que ocurre, lamentablemente, en varios países de la región.»

El seguimiento a los periodistas estaría vinculado a sus investigaciones sobre las decisiones de Benavides Vargas en el Ministerio Público por la desarticulación de las fiscalías de Derechos Humanos, y sobre una indagación por supuesto plagio de sus tesis de maestría y doctorado, según informes de la prensa local. Benavides Vargas es investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos.

Rock y Jornet recordaron que este tipo de prácticas no solo vulnera el derecho a la privacidad consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también incrementa el peligro de promover la autocensura en la prensa.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.