El diputado local Jorge Soto anunció que en septiembre presentará una iniciativa en materia de imagen institucional, con el objetivo de evitar que los gobiernos utilicen colores asociados a los partidos políticos y que cada cambio de administración implique modificar la identidad de patrullas, mobiliario urbano, edificios y otros bienes públicos.
Durante una reunión con vecinos, Soto cuestionó la práctica de identificar las administraciones públicas con los colores del partido que se encuentra en el poder y consideró que, además de generar gastos, carece de utilidad para los ciudadanos.
“Si pinto las bancas azules van a votar por el partido azul, si pintan las bancas guindas van a votar por el guinda. No sirve ni para eso”, señaló.
El legislador explicó que trabaja en un proyecto para establecer una imagen institucional que permanezca independientemente de quién gobierne y reconoció que no se trata de una discusión nueva, pues existen antecedentes de propuestas similares. De hecho, Chihuahua cuenta desde 2014 con una Ley de Imagen Institucional aplicable al Poder Legislativo.
Soto consideró que el actual momento político abre una oportunidad para construir acuerdos en el Congreso, precisamente porque existe incertidumbre sobre quiénes gobernarán después de las elecciones de 2027.
En el encuentro, el diputado también abordó las contrataciones públicas y reconoció que uno de los principales retos de los gobiernos consiste en impedir que las normas sean utilizadas o interpretadas para favorecer intereses particulares.
Recordó su participación en reformas relacionadas con adquisiciones y contratación pública y consideró que Chihuahua cuenta con controles importantes, aunque advirtió que ninguna legislación resulta suficiente cuando existen funcionarios dispuestos a buscar mecanismos para evadirla.
“Una cosa es lo que hacemos en ley y luego siempre andamos viendo cómo darle la vuelta a la ley y cómo simulamos”, señaló.
Para Soto, la transparencia en las contrataciones requiere normas y controles, pero también gobiernos dispuestos a buscar las mejores condiciones para los ciudadanos.
Concluyó al decir que, desde el Congreso, ha trabajado en establecer candados al ejercicio de los recursos públicos, aunque insistió en que la impunidad termina debilitando cualquier sistema de control cuando una irregularidad no genera consecuencias.
