Ante las denuncias de acoso sexual, hostigamiento laboral, violencia de género y violencia institucional en hospitales del estado, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, exigió cuentas al secretario de Salud, Gilberto Baeza, mediante 32 preguntas para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y conocer las acciones emprendidas.
Ante la Diputación Permanente, la legisladora advirtió que las denuncias acumuladas en los últimos años evidencian una problemática grave y persistente que no puede seguir siendo minimizada, normalizada ni ocultada bajo pretextos burocráticos.
“Las mujeres no tienen que demostrar su sufrimiento para ser escuchadas. La obligación del Estado es investigar, proteger y garantizar justicia, no poner en duda a quienes se atreven a denunciar”, afirmó.
Argüelles Díaz señaló que la violencia laboral y de género dentro del sector salud ocurre en espacios marcados por relaciones de poder que pueden afectar el empleo, la formación académica, las evaluaciones, las guardias, los ascensos y el desarrollo profesional de las personas denunciantes.
La legisladora cuestionó las expresiones atribuidas al secretario de Salud respecto a las denuncias presentadas en el Hospital General “Dr. Javier Ramírez Topete” de Cuauhtémoc, al considerar que calificarlas como “ambiguas” refleja una visión institucional que revictimiza a las mujeres y desalienta la denuncia.
“Cuando una autoridad pone bajo sospecha el testimonio de las víctimas en lugar de garantizar una investigación exhaustiva, el mensaje es peligroso: se protege más a la estructura que a las personas afectadas”, sostuvo.
Durante su intervención recordó que entre 2023 y 2026 se han hecho públicos diversos casos de acoso, hostigamiento, abuso de poder, discriminación, represalias y afectaciones graves a la salud mental de personal médico, residentes, internos y trabajadoras del sector salud.
Uno de los casos más graves ocurrió en el Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, donde cinco residentes de Ginecología denunciaron abusos; una médica fue hospitalizada en estado crítico y otras tres renunciaron”, expuso.
Sin embargo, aunque la Secretaría de Salud creó una Mesa Interinstitucional para atender estos casos, posteriormente continuaron registrándose denuncias similares en distintos hospitales, incluyendo jornadas extenuantes, represalias y trato denigrante.
“En 2025, una residente del Hospital Central del Estado denunció acoso, discriminación y abuso de poder, con severas afectaciones a su salud mental, pese a que las autoridades ya tenían conocimiento de los hechos”, dijo.
Asimismo, destacó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 06/2026 por un caso de hostigamiento sexual, violencia laboral y violencia institucional al interior de la Secretaría de Salud, recomendación que no fue aceptada por la dependencia estatal.
“Lo preocupante es que los casos siguen apareciendo una y otra vez. Cada nueva denuncia exhibe que las acciones implementadas han sido insuficientes o simplemente no han dado resultados. La pregunta es cuántas personas más han guardado silencio por miedo a perder su trabajo, su residencia médica o su futuro profesional”, expresó.
La integrante de la Comisión de Salud enfatizó que mover a las víctimas mientras las personas señaladas permanecen en sus cargos constituye una forma de revictimización institucional, pues obliga a quienes denuncian a cargar con las consecuencias de una situación que no provocaron.
Por ello, las 32 preguntas buscan conocer cuántas denuncias se han presentado en los últimos años, cuántas investigaciones se han iniciado, qué sanciones se han aplicado, qué mecanismos de protección existen para las víctimas y cuáles han sido los resultados reales de las políticas anunciadas por la Secretaría de Salud para combatir la violencia laboral y de género.
“Las mujeres de Chihuahua merecen instituciones que las protejan, no estructuras que las obliguen a elegir entre denunciar o conservar su empleo. La Secretaría de Salud tiene la obligación de responder con hechos, no con discursos”, recalcó.
Finalmente, la congresista reiteró que la rendición de cuentas es indispensable para garantizar justicia a las víctimas y para erradicar cualquier forma de violencia dentro de las instituciones públicas del estado.
