En el marco del análisis del Cuarto Informe de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, la diputada de Morena, Jael Argüelles, presentó desde tribuna un voto particular crítico y contundente, en el que denunció que el apartado de salud no es un ejercicio de rendición de cuentas, sino un documento propagandístico que encubre la realidad.
Durante su intervención, la legisladora afirmó que el programa MediChihuahua carece de resultados verificables y opera como una estrategia de imagen, pese a contar con un presupuesto cercano a los 10 mil millones de pesos, integrado en su mayoría por recursos federales.
Señaló que el informe presenta graves inconsistencias, al reportar una disminución en atenciones médicas durante 2025 respecto a 2024, pese a un incremento presupuestal, así como cifras que no guardan lógica entre sí, como el aumento en recetas surtidas con menos consultas y hospitalizaciones.
Asimismo, denunció opacidad sistemática en el manejo de recursos públicos, al señalar que, después de tres años de solicitudes, la Secretaría de Salud no ha entregado el desglose presupuestal por unidad ni por objeto de gasto. “No se puede evaluar lo que no se transparenta”, sostuvo.
Argüelles también evidenció deficiencias en el abasto de medicamentos, reportes ciudadanos sobre la falta de insumos básicos y una reducción en los niveles de surtimiento, en contraste con lo que presume el informe.
En materia de infraestructura y servicios, advirtió sobre desigualdades regionales, particularmente entre hospitales de Chihuahua y Ciudad Juárez, así como la existencia de centros de salud sin consultas, lo que podría estar relacionado con falta de personal médico o desplazamiento de población.
En cuanto al personal de salud, señaló que las y los médicos en formación continúan en condiciones precarias, con becas insuficientes y sin garantías de espacios dignos, lo que calificó como una forma de explotación laboral.
La congresista también criticó la falta de prioridad en salud mental, el uso extendido de adjudicaciones directas en compras públicas, y la opacidad en el uso de recursos federales, particularmente en convenios relacionados con salud sexual y reproductiva.
En el caso de la mortalidad materna, detectó inconsistencias entre cifras oficiales y reportes nacionales, y subrayó que muchas defunciones ocurren dentro de instituciones de salud, lo que calificó como “violencia institucional”.
Finalmente, acusó una gestión deficiente ante emergencias sanitarias, como el brote de sarampión en 2025, al señalar que no existió planeación ni estrategia, rechazando que se intente responsabilizar a la Federación.
“Este informe no informa, encubre. No rinde cuentas, evade. Y en salud, la realidad es clara: hay opacidad, desigualdad y resultados insuficientes”, concluyó.
La diputada reiteró que su voto particular deja constancia de la falta de transparencia y de resultados en la política de salud estatal, y exigió un cambio de fondo basado en evidencia, rendición de cuentas y garantía efectiva del derecho a la salud.
