El Consejo General del INE delibera y resuelve bajo el principio de colegialidad. Esto significa que las decisiones se adoptan de manera conjunta, y que ninguna valoración individual puede ser objeto de persecución administrativa o sanción externa. Conforme lo establece el marco constitucional, la revisión de los actos y acuerdos del Consejo corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que garantiza un sistema de contrapesos institucionales.
La independencia de criterio es un valor indispensable en el ejercicio de la función electoral. Las posturas de un órgano colegiado son parte del espíritu democrático, en ejercicio de sus atribuciones conferidas por las normas jurídicas a sus integrantes. Las y los consejeros electorales tenemos la plena libertad para emitir votos con base en convicciones jurídicas y técnicas, sin presiones ni condicionamientos.
Las y los consejeros refrendamos nuestro compromiso con la defensa de la autonomía, la independencia y la pluralidad que nos caracterizan como órgano constitucional autónomo. Estos principios son indispensables para que la ciudadanía tenga certeza de que las decisiones del Instituto se toman de manera imparcial, libre de presiones políticas y en beneficio de la vida democrática del país.
